Violencia de género, migración y estructuras familiares: desafíos para el Derecho penal

La violencia de género, la migración y las transformaciones en las estructuras familiares son fenómenos interconectados que recrudecen la vulnerabilidad de las mujeres. Esa forma de agresión, profundamente arraigada en sistemas patriarcales, afecta especialmente al colectivo migrante, que se enfrenta a riesgos como la trata de personas, la explotación laboral y la violencia sexual. Los problemas pueden agravarse debido a la discriminación, el estatus migratorio irregular y las barreras culturales y lingüísticas, que limitan su acceso a la justicia y a los servicios de protección.

En contextos migratorios, los roles familiares tradicionales suelen transformarse. Esta situación puede generar tensiones que propician la violencia, especialmente cuando las mujeres asumen roles de liderazgo o reciben presiones sociales y económicas.

Por ello, el Derecho penal afronta desafíos significativos en este ámbito. Así, aunque el Código Penal sanciona determinadas conductas de violencia de género, no tipifica otras donde concurren esos factores. Además, el sistema penal tiende a centrarse en la sanción, descuidando la prevención. Por último, las barreras burocráticas dificultan que las mujeres migrantes denuncien esas acciones.

Para abordar esa situación, es necesario adoptar un enfoque interdisciplinar que considere las interacciones entre género y estatus migratorio. Las propuestas incluyen fortalecer los marcos jurídicos internacionales, implementar políticas públicas con enfoque de género y migración, y desarrollar estrategias de prevención y cooperación supranacional, a fin de garantizar la protección efectiva de las mujeres migrantes y construir sociedades más justas y equitativas, respetuosas con los Derechos humanos.